Las elecciones catalanas, como es habitual, vienen cargadas de polémica. Y como siempre, los intereses políticos son los que priman.

Tras anunciar el PSOE que el cabeza de lista de PSC sería el Ministro de Sanidad, Sr. Illa (y que por cierto, se veía venir, ya que llevaba haciendo campaña electoral unos cuantos meses), las encuestas dieron un sobresalto, pudiendo ganar las elecciones catalanas el PSC, que se las disputaría a ERC.

Los resultados en las elecciones catalanas del 14-F previstos para algunas formaciones políticas no son los esperados o son peores a los esperados, y por ello se ha propuesto aplazar las elecciones a mayo, tras la negativa del PSC. Es decir, por puros intereses políticos.

El TSJC suspende cautelarmente el Decreto 1/2021 por el que se deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña el 14 de febrero de 2021. El Decreto obligaría a todas las formaciones a volver a presentar candidaturas y las que no tengan representación en el Parlamento, a presentar los avales necesarios.

En espera de resolución definitiva sobre el fondo del asunto, se reactivan las elecciones y se procederá a designar las mesas electorales. Y en caso de que el TSJC finalmente decida que se han de celebrar el 30 de mayo, sin garantía alguna de que la situación epidemiológica habrá mejorado, ¿cuál habrá sido el coste para la ciudadanía catalana?

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